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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorDe La Pared Darquea, Johnny Dagoberto-
dc.contributor.authorAbad Guillem, Paula Marcela-
dc.contributor.authorChávez Ortega, Steven Alexander-
dc.date.accessioned2021-06-02T15:15:52Z-
dc.date.available2021-06-02T15:15:52Z-
dc.date.issued2021-02-26-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16491-
dc.descriptionDesde la promulgación de la Constitución del Ecuador en el 2008, el país se convierte en un Estado Constitucional de derechos y justicia, en el cual el garantismo es una de las características principales en la administración de justicia, esto quiere decir que este modelo de estado es el único en el que los principios son justiciables, entre estos se encuentran los principios procesales. Tomando esto como referencia, esta investigación tiene como finalidad proporcionar un adecuado conocimiento y aplicación de la norma suprema en el proceso penal. Por esto, es menester que nos dirijamos al “eje central” del proceso, lo cual es la prueba, la licitud y exclusión de la misma, evaluando su forma técnica y jurídica basándonos en doctrinas y teorías que sostienen su exclusión en el proceso de evaluación de la misma, realizado por el juzgador como medio para llegar a la verdad procesal. De esta manera, se encuentra reconocido en la Constitución de la República en su artículo 76 numeral 4, el cual dispone que en todos los procesos en los que se determine derechos y obligaciones se debe asegurar la adecuada aplicación del derecho al debido proceso, así como las pruebas obtenidas o actuadas contra los lineamientos establecidos en la Constitución o la ley, los cuales, como consecuencia carecerán de validez alguna y de eficacia probatoria. Es por esto que se busca una correcta aplicación de las garantías constitucionales en el proceso, referente a lo establecido en la Constitución y la ley en el proceso probatorio.en_US
dc.description.abstractSince the proclamation of Ecuador's Constitution in 2008, the country has become a State of Constitutional rights and justice, in which there is a guarantee of the administration of justice. This means that this system is the only one where principles are justiciable, including procedural principles. Using this as a reference, the present investigation aims to provide adequate knowledge and application of the judicial rules in criminal proceedings. For this reason, it is necessary that we address the legality and exclusion of the proof which is the “central axis” of the process, evaluating the technical, legal and scientific context based on doctrines and theories that support the exclusion in the process of evaluation as a means to arrive at the procedural truth as carried out by the judge. It is recognized in The Constitution of the Republic in Article 76 Number 4, that in all the processes in which rights and obligations are determined, the adequate application of the right to due process must be ensured as well as the evidence obtained or acted against the guidelines established in the Constitution or the law, which, as a consequence, will lack any validity and probative effectiveness. That is why the constitutional guarantees are being properly applied in the process, referring to what is laid down in the Constitution and the law in the evidentiary process.en_US
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversidad Católica de Santiago de Guayaquilen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectGARANTÍAS CONSTITUCIONALESen_US
dc.subjectDEBIDO PROCESOen_US
dc.subjectADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAen_US
dc.subjectLICITUDen_US
dc.subjectEXCLUSIÓNen_US
dc.titleGarantías del derecho al debido proceso y su relación con la exclusión de la prueba ilícita.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US
Aparece en las colecciones: Trabajos de Titulación - Carrera de Derecho

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