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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorLudeña Suárez, Gina Paola-
dc.date.accessioned2015-09-03T15:42:11Z-
dc.date.available2015-09-03T15:42:11Z-
dc.date.issued2015-03-12-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3877-
dc.descriptionCon la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador mediante Registro Oficial No. 449, se introdujeron en materia de derechos constitucionales nuevas garantías jurisdiccionales, fortaleciendo la justicia constitucional de derechos y otorgándole a los juzgadores herramientas para garantizar el efectivo ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente así como también en tratados internacionales de derechos humanos. La Constitución de la República del Ecuador vigente, es sin lugar a dudas, un reflejo del momento político y de la influencia creciente que ha tenido el Neoconstitucionalismo sobre las constituciones, el cual se caracteriza por ser un fenómeno reciente dentro de los Estados constitucionales contemporáneos, y que se ha venido desarrollando en las Constituciones expedidas después de la Segunda Guerra Mundial en las que se han plasmado amplios catálogos de derechos fundamentales. A partir del mes de octubre del año 2008 los cambios han sido múltiples, el Estado ha determinado políticas inspiradas en garantizar el goce de derechos, de tal manera que su ejercicio sea protegido, el rol de los jueces ha cambiado sustancialmente y la alta preparación de los mismos, es un requisito indispensable. Las garantías jurisdiccionales de rango constitucional que se encuentran plasmadas en nuestra Constitución, en el capítulo tercero denominado Garantías Jurisdiccionales, son las siguientes: acción de protección, acción extraordinaria de protección, acción de hábeas data, acción de acceso a la información pública, acción de hábeas corpus y acción de incumplimiento. La acción de protección, materia del presente trabajo investigativo, tiene como principal finalidad el garantizar el efectivo goce de los derechos plasmados en la Constitución y en instrumentos internacionales; así como también para consagrarse en un Estado constitucional de derechos y justicia conforme lo determina el artículo primero de la Carta Magna. No obstante, si bien es cierto la acción de protección permite que toda persona o grupo de personas que considere que sus derechos constitucionales se encuentran vulnerados pueda acudir ante los jueces constitucionales a obtener el restablecimiento de sus derechos, en la mayoría de los casos, dichas acciones son declaradas improcedentes por cuanto por medio de esta vía se pretende eludir el sometimiento de conflictos a la justicia ordinaria y en otros casos tratar de obtener que se declaren derechos, desnaturalizando la esencia de la acción de protección ocasionando que jueces y servidores judiciales destinen tiempo y esfuerzo para conocer causas improcedentes. Las garantías jurisdiccionales de rango constitucional que se encuentran plasmadas en nuestra Constitución, en el capítulo tercero denominado Garantías Jurisdiccionales, son las siguientes: acción de protección, acción extraordinaria de protección, acción de hábeas data, acción de acceso a la información pública, acción de hábeas corpus y acción de incumplimiento.en_US
dc.language.isospaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/-
dc.subjectACCIÓN DE PROTECCIÓNen_US
dc.subjectGARANTIA JURISDICCIONAL DE DERECHOen_US
dc.subjectADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAen_US
dc.subjectDERECHO PROCESALen_US
dc.subjectECUADORen_US
dc.titleAnálisis de la Acción de Protección como garantía jurisdiccional de derechos y su uso indebido dentro de la administración de justicia en el Ecuador.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US
Aparece en las colecciones: Trabajos de Grado - Maestría en Derecho Procesal

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