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Título : La vulneración al principio de independencia de la administración de justicia en el Ecuador y su afectación al debido proceso dentro de la esfera del derecho penal a partir de la vigencia de la constitución.
Autor : García Sánchez, César Rafael
metadata.dc.contributor.advisor: Ávila Linzán, Luis Fernando
Rivera Herrera, Nicolás Belisario
Palabras clave : ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA;DEBIDO PROCESO;FUNCIÓN JUDICIAL;DERECHO CONSTITUCIONAL;GARANTÍAS JURISDICCIONALES;SEGURIDAD JURÍDICA
Fecha de publicación : 9-nov-2018
Editorial : Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Resumen : The judicial independence in the administration of justice is a fundamental characteristic of the Democratic State that is consolidated under the principle of separation of powers. In virtue of the judicial independence, judges in the exercise of their jurisdictional activity must submit only to the Constitution and the respective law applicable to the procedural reality brought into their knowledge; so their decisions must not be influenced by orders or coercions from diverse powers or State institutions and should lack of political and economic interests, as well as being free from the pressure of satisfying public opinion. The existence of independent and impartial judges is the primary guarantee for the existence of a fair trial and therefore, it is the basis for the validity of the other guarantees of due process; On the contrary, in the absence of independent judges, all guarantees may be violated, and the rights of effective judicial protection and legal security are jeopardized, giving rise to illegal and arbitrary jurisdictional decisions. In Ecuador, historically, the judicial independence in the administration of justice has been affected by the influence of the political power in office, however, since the validity of the 2008’s Constitution and through the successive decade ruled by an immutable government, the broad powers granted to the president have made evident the influence of the Executive Power in the judicial decisions, in which it has intervened through the Council of the Judiciary, ministries, and institutions created specifically for this purpose; turning the Judiciary, especially the area of criminal jurisdiction, into an instrument of political persecution and satisfaction of own interests. The administration of justice intervention in the criminal field aggravates the violation of rights, which go further the patrimonial scope, damaging such intimate rights as freedom and to life, which is a theme of general interest. The usage of the administration of justice through the abuse of Criminal Law for the satisfaction of interests of those who make up the Government, weakens the Judiciary as an institution and goes against the principles in which the Ecuadorian State is consolidated.
Descripción : La independencia de La administración de justicia es una característica fundamental del Estado Democrático que se consolida bajo el principio de división de poderes. En virtud de la independencia de la administración de justicia, los jueces en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, deben someterse únicamente a la Constitución y a la ley aplicable a la realidad procesal puesta en su conocimiento; por lo que sus decisiones no deben responder a órdenes o presiones de otros poderes o instituciones del Estado y deben encontrarse ausentes de intereses políticos y económicos, así como libres del afán de satisfacer a la opinión pública. La existencia de jueces independientes e imparciales es la garantía primigenia para la existencia de un juicio justo, y por lo tanto es la base para la vigencia de las demás garantías del debido proceso; por el contrario, en ausencia de jueces independientes todas las garantías pueden verse vulneradas y se ponen en riesgo los derechos de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica dando lugar a decisiones jurisdiccionales ilegales y arbitrarias. En el Ecuador históricamente la independencia de la administración de justicia se ha visto afectada por influencia del poder político de turno, más sin embargo, es a partir de la vigencia de la Constitución del 2008 y durante la década de gobierno que la sucedió, que las amplias facultades concedidas al Presidente de la República, han hecho evidente la influencia del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales en las cuales ha intervenido a través del Consejo de la Judicatura, de Ministerios, y de instituciones creadas para el efecto; convirtiendo a la Función Judicial especialmente en el ámbito de la jurisdicción penal en un instrumento de persecución política y de satisfacción de intereses propios. La intervención en la administración de justicia en el ámbito penal agrava las vulneraciones, que van más allá del ámbito patrimonial lesionando derechos tan íntimos como el de la libertad y de la propia vida, lo cual resulta de interés general, puesto que el uso de la administración de justicia para la satisfacción de intereses particulares de quienes conforman el Gobierno a través del abuso del Derecho Penal, debilita a la Función Judicial en cuanto institución y va en contra de los principios sobre los cuales se consolida el Estado ecuatoriano.
URI : http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11947
Aparece en las colecciones: Trabajos de Grado - Maestría en Derecho Constitucional

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