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Título :	Inaplicabilidad del artículo 422 de la constitución de la república del Ecuador en la suscripción de contratos de adhesión en el exterior por parte de instituciones públicas.
Autor :	Loor Moreira, Andrés Ecuador
metadata.dc.contributor.advisor:	Verdugo Silva, Julio Teodoro Rivera Herrera, Nicolás
Palabras clave :	DERECHO INTERNACIONAL;CONTRATO DE ADHESIÓN;ARBITRAJE INTERNACIONAL;JURISDICCIÓN SOBERANA
Fecha de publicación :	11-dic-2018
Editorial :	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Descripción :	Este trabajo ha verificado una situación de riesgo para los funcionarios públicos que realizan su gestión en el exterior. Si bien dicha actividad no es común en las instituciones gubernamentales, el pequeño grupo que la ejecuta, se expone a situaciones que eventualmente acarrearían la determinación de responsabilidades administrativas, civiles o penales por incumplimiento de normas que pese a no ser claras exigen obligatoriedad. El problema es que la prohibición de ceder jurisdicción nacional en instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador, constante en el artículo 422 de la Constitución de la República, contradice lo dispuesto en convenios internacionales suscritos por el país sobre el respeto a las normas de países donde se encuentren funcionarios ecuatorianos, incluidos aquellos que gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas. La teoría analizada a lo largo de este trabajo se centra en la legislación nacional, convenciones suscritas por el Ecuador y situaciones que representan riesgos para la población de servidores públicos en el exterior, quienes enfrentan la disyuntiva entre abstenerse de ejecutar su planificación institucional o correr el riesgo de suscribir contratos de adhesión en el exterior. PRO ECUADOR es una institución cuya gestión se realiza mayormente en el exterior y hasta ahora no se ha involucrado en procesos de controversias contractuales; sin embargo; a través de un análisis normativo y de consultas a expertos en materia de derechos constitucional e internacional se han identificado los riesgos a los que se expone. También propone acciones a la Procuraduría General del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, de solicitar a la Corte Constitucional el examen respectivo, sobre lo aquí expuesto.
URI :	http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12091
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