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Título : La rendición de garantías en el procedimiento de ejecución coactiva y la vulneración del derecho al acceso gratuito a la justicia.
Autor : Cárdenas Tapia, Oliva Isabel
metadata.dc.contributor.advisor: De La Pared Darquea, Johnny Dagoberto
Palabras clave : DERECHO PROCESAL;JUICIO DE EXCEPCIONES;TÍTULO DE CRÉDITO;DEBIDO PROCESO;TUTELA JUDICIAL EFECTIVA;DERECHO CONSTITUCIONAL
Fecha de publicación : 27-feb-2024
Editorial : Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Resumen : Coercive enforcement is the prerogative of the State to collect claims on its behalf through constraints. In this type of administrative proceedings, where the name of "coercive judge" has been erroneously given to the executing official. The administration acts as judge and party, imposing at its discretion the precautionary measures to carry out the collection of the credit, limiting the debtor to pay or deduct exceptions to the entity responsible for the coercive process which, initially, begins with observations on the amount receivable at the stage of the payment request and, subsequently, on the order for payment itself, with some severe limitations. Such as the provision of a surety in order to bring the matter before the courts, even if the issue that is being challenged is the existence of the obligation or the invalidity of the title and the procedure. With this investigative work, the aim is to analyze the obligation of providing guarantees in the coercive procedure. Similarly, to demonstrate through qualitative analysis, data collection, and their analysis, that the right-guarantee to effective judicial protection and access to justice is compromised and limited, as well as the right to defense in the process, epitome of the prevailing constitutional model of rights and justice in Ecuador.
Descripción : La ejecución coactiva es la prerrogativa del Estado para realizar el cobro de créditos a su favor, por medio del apremio. En este tipo de procesos administrativos donde se le ha dado erróneamente el nombre de juez de coactiva al funcionario ejecutor, la administración actúa como juez y parte, imponiendo a su arbitrio las medidas cautelares para realizar el cobro de la acreencia, limitando al coactivado a pagar o deducir excepciones a la coactiva, que van primero de las observaciones al título de crédito en la fase de requerimiento de pago y posteriormente, al auto de pago propiamente dicho, con algunas severas limitaciones, como el rendimiento de una caución para poder acudir a los órganos jurisdiccionales, incluso cuando lo que se impugna es la existencia de la obligación o la nulidad del título y el procedimiento. Con el presente trabajo investigativo se pretende analizar la obligatoriedad de la rendición de garantías en el procedimiento coactivo. Así mismo, demostrar por medio de un análisis cualitativo, recopilación de datos y análisis de los mismos, que el derechogarantía a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia se encuentra comprometido y limitado, así como el derecho a la defensa en el proceso, epítome del modelo constitucional de derechos y justicia imperante en el Ecuador.
URI : http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22610
Aparece en las colecciones: Trabajos de Grado - Maestría en Derecho, Mención en Derecho Procesal

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