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Título : Eficientismo jurídico penal vs. derechos y garantías constitucionales en el procedimiento directo.
Autor : Manrique Vélez, Jordy Josué
metadata.dc.contributor.advisor: Siguencia Suárez, Kléber David
Palabras clave : DERECHO CONSTITUCIONAL;EFICIENTISMO JUDICIAL;GARANTISMO PENAL;VULNERACIÓN DE DERECHOS;DERECHO PROCESAL PENAL;DEBIDO PROCESO
Fecha de publicación : 20-feb-2022
Editorial : Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Resumen : Over time, Criminal Law has been constantly evolving, so much so that two opposing positions or tendencies have emerged, resulting in a firmness in the world of Criminal Law, and in accordance with each criminal policy of each State. These tendencies are criminal legal efficiency and criminal guaranteeism. The first seeks to fight against impunity, regardless of violating rights, principles and guarantees of due process, in other cases, criminal guarantees try to limit the punitive power of the State. In our country, on February 10, 2014, the sanctioning criminal power is regulated by the Comprehensive Criminal Organic Code, which implements a modern criminal legal institution called “Procedimiento directo”. Which is a summary proceeding, which, as expressed in the same norm, concentrates all the stages of an ordinary procedure, in a single hearing, producing a ratifying sentence of innocence or conviction, within a period not exceeding 20 days. The legislator justified that due to the need to speed up the cases held in the courts and tribunals of our country. However, Ecuadorian jurists state that the effects or violations that the application of said procedure can produce to the rights should also have been analyzed. Constitutional rights recognized in our “Carta Magna”, such as: the right to defense, presumption of innocence, parity of arms, contradiction, and in turn, not only affects the prosecuted party, but also the State Attorney General's Office, since, In practice, the results of the investigations and expertise carried out do not arrive on time.
Descripción : A lo largo del tiempo el Derecho Penal ha ido evolucionando constantemente, tanto así que han surgido dos posturas o tendencias opuestas entre sí, trayendo como consecuencia una firmeza en el mundo del Derecho Penal, y conforme a cada política criminal de cada Estado. Estas tendencias son el eficientismo jurídico penal y el garantismo penal. El primero, busca luchar contra la impunidad, sin importar vulnerar Derechos, principios y garantías del debido proceso. Y por otro lado, el garantismo penal intenta limitar el poder punitivo del Estado. En nuestro país, a partir del 10 de febrero de 2014, el poder penal sancionador es regulado por el Código Orgánico Integral Penal, que implementa una moderna institución jurídica penal llamado procedimiento directo. El cual es un trámite sumarísimo, que como expresa la misma norma, concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario, en una sola audiencia, produciendo una sentencia ratificatoria de inocencia o condenatoria, en el plazo no mayor a 20 días. El legisladorjustificó que por la necesidad de dar rapidez a la causas represadas en los juzgados y tribunales de nuestro país Sin embargo, juristas ecuatorianos expresan que también sedebió analizar las afectaciones o vulneraciones que la aplicación de dicho procedimiento puede llegar a producirse a los Derechos constitucionales reconocidas en nuestra carta magna, tales como: el derecho a la defensa, presunción de inocencia, paridad de armas, contradicción, y a su vez, no solo afecta a la parte procesada, sino también a la Fiscalía General de Estado, ya que, en la práctica no llegan a tiempo los resultados de las diligencias y pericias realizadas.
URI : http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18657
Aparece en las colecciones: Trabajos de Titulación - Carrera de Derecho

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