El debido procedimiento laboral en el sector público ecuatoriano, un análisis jurídico.

Abstract

El presente trabajo de investigación jurídica examina el debido procedimiento laboral en el sector público ecuatoriano como una expresión concreta del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y estrechamente vinculado con el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 82 del mismo cuerpo normativo. La investigación se centra en las tensiones que surgen entre la discrecionalidad administrativa y la protección de los derechos laborales, particularmente en el marco de despidos masivos y procesos de reestructuración institucional desarrollados entre los años 2019 y 2025. De igual manera, se analiza la jurisprudencia constitucional que ha sostenido que los procedimientos administrativos de carácter sancionador deben respetar las mismas garantías exigidas en los procesos judiciales, en tanto constituyen una manifestación del ius puniendi del Estado. Desde el ámbito doctrinario, se subraya la necesidad de establecer límites claros a la discrecionalidad administrativa, asegurando una defensa efectiva a favor de los servidores públicos sometidos a estos procedimientos. En este sentido, debe entenderse que el debido procedimiento laboral en el sector público ecuatoriano encuentra su fundamento directo en el artículo 76 de la Constitución, que consagra principios como la legalidad, la tipicidad, el derecho a la defensa y la obligación de motivar las decisiones, así como en el artículo 82, que garantiza la seguridad jurídica. En el ámbito del derecho administrativo sancionador, tales garantías no pueden aplicarse de manera atenuada, sino con la misma rigurosidad que en el ámbito jurisdiccional, conforme lo ha señalado la Corte Constitucional. No obstante, la práctica administrativa evidencia la existencia de vacíos normativos y un ejercicio amplio de discrecionalidad, lo que genera una permanente tensión entre la búsqueda de eficiencia institucional y la protección efectiva de los derechos laborales de los servidores públicos.